Fecha publicación: 28/Ago/2015 10:55:36 AM
Colombia recibió hoy las críticas del Comité de la ONU sobre Discriminación Racial por la "situación de vulnerabilidad" de la población afrocolombiana de Buenaventura debido, entre otras razones, a la ausencia de consulta previa sobre los planes de expansión portuaria y proyectos turísticos.
Buenaventura es una ciudad portuaria ubicada en la costa del Pacífico de Colombia y el 90 por ciento de sus habitantes son afrocolombianos.
Los proyectos económicos "ponen en riesgo la forma de vida y las prácticas ancestrales de dicha población", señaló el Comité en el informe sobre Colombia que hizo público hoy en Ginebra.
Los miembros del órgano de la ONU -renombrados expertos en derechos humanos de todas las regiones del mundo- examinaron en su última sesión las informaciones proporcionadas por el Gobierno colombiano sobre la situación de discriminación racial en el país, así como datos provenientes de otras fuentes.
Tras un examen minucioso, el Comité también declaró su inquietud por "los índices de violencia que se viven" en Buenaventura y que están "vinculados a la presencia de diferentes grupos armados ilegales".
En particular, dijo que le alarman "los casos de desapariciones forzadas y el funcionamiento de las denominadas 'casas de pique'", inmuebles destinados a desmembrar personas, tras torturarlas y asesinarlas.
Ante esta situación, el Comité pidió a las autoridades de Colombia que hagan lo necesario "para proteger la vida y la integridad de los habitantes de Buenaventura" y que se investiguen las violaciones de los derechos humanos perpetradas allí.
También le pidió que se cumpla el derecho a la consulta previa de las comunidades afrocolombianas y que se constituyan mesas de diálogo con la participación de funcionarios y representantes del sector privado y de la sociedad civil.
En otro contexto, el Comité mencionó el impacto negativo que tiene sobre la población indígena y afrocolomabiana "el uso desproporcionado e incontrolado del agua y la contaminación de los ríos por las actividades mineras".
Aludió al efecto negativo del funcionamiento de la represa El Cercado, de la explotación de la mina El Cerrejón y al desvío del río Ranchería en el acceso al agua del pueblo Wayúu en La Guajira.
De su informe de once páginas, el propio Comité resaltó que daba particular importancia a sus recomendaciones para que el Estado colombiano "garantice el derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a poseer, utilizar, desarrollar y controlar libremente y con plena seguridad sus tierras".
Asimismo, subrayó su recomendación de que se garantice que los pueblos indígenas y afrocolombianos afectados por las actividades de explotación de recursos naturales en sus territorios "obtengan compensación por daños o pérdidas sufridas".
Pidió igualmente que "tengan participación en los beneficios obtenidos".
El comité censuró que sigan produciéndose amenazas constantes y asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y afrocolombianos, como el de Genaro García en Tumaco, en el sur del país.
Para contrarrestar esta situación, instó a que se garantice el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección de estos representantes sociales.
Buenaventura es una ciudad portuaria ubicada en la costa del Pacífico de Colombia y el 90 por ciento de sus habitantes son afrocolombianos.
Los proyectos económicos "ponen en riesgo la forma de vida y las prácticas ancestrales de dicha población", señaló el Comité en el informe sobre Colombia que hizo público hoy en Ginebra.
Los miembros del órgano de la ONU -renombrados expertos en derechos humanos de todas las regiones del mundo- examinaron en su última sesión las informaciones proporcionadas por el Gobierno colombiano sobre la situación de discriminación racial en el país, así como datos provenientes de otras fuentes.
Tras un examen minucioso, el Comité también declaró su inquietud por "los índices de violencia que se viven" en Buenaventura y que están "vinculados a la presencia de diferentes grupos armados ilegales".
En particular, dijo que le alarman "los casos de desapariciones forzadas y el funcionamiento de las denominadas 'casas de pique'", inmuebles destinados a desmembrar personas, tras torturarlas y asesinarlas.
Ante esta situación, el Comité pidió a las autoridades de Colombia que hagan lo necesario "para proteger la vida y la integridad de los habitantes de Buenaventura" y que se investiguen las violaciones de los derechos humanos perpetradas allí.
También le pidió que se cumpla el derecho a la consulta previa de las comunidades afrocolombianas y que se constituyan mesas de diálogo con la participación de funcionarios y representantes del sector privado y de la sociedad civil.
En otro contexto, el Comité mencionó el impacto negativo que tiene sobre la población indígena y afrocolomabiana "el uso desproporcionado e incontrolado del agua y la contaminación de los ríos por las actividades mineras".
Aludió al efecto negativo del funcionamiento de la represa El Cercado, de la explotación de la mina El Cerrejón y al desvío del río Ranchería en el acceso al agua del pueblo Wayúu en La Guajira.
De su informe de once páginas, el propio Comité resaltó que daba particular importancia a sus recomendaciones para que el Estado colombiano "garantice el derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a poseer, utilizar, desarrollar y controlar libremente y con plena seguridad sus tierras".
Asimismo, subrayó su recomendación de que se garantice que los pueblos indígenas y afrocolombianos afectados por las actividades de explotación de recursos naturales en sus territorios "obtengan compensación por daños o pérdidas sufridas".
Pidió igualmente que "tengan participación en los beneficios obtenidos".
El comité censuró que sigan produciéndose amenazas constantes y asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y afrocolombianos, como el de Genaro García en Tumaco, en el sur del país.
Para contrarrestar esta situación, instó a que se garantice el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección de estos representantes sociales.
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